PINOCHET Y LA MUERTE DE ORLANDO LETELIER, ¿PORQUÉ TANTO MISTERIO SIN RESOLVER AÚN?
En 1978 un inestable individuo de nombre Michael Townley y un desertor del Ejército chileno, el capitán Armando Fernández Larios, tuvieron los honores de la crónica mundial tras "confesar" que habían participado en 1976, a pedido de los servicios secretos de Pinochet (la DINA), en el asesinato, en Washington, del ex ministro del Gobierno de Allende y ex embajador chileno Orlando Letelier del Solar.
De rebote y levantando sospechas de oportunismo, el responsable de la oficina de documentación del FBI, Robert Scherrer, concedió una entrevista a la revista Hoy (órgano demócratacristiano chileno que circulaba libremente en los kioscos a pesar de que el "dictador" Pinochet estaba en el poder), confirmando con el apoyo de su colaborador Cárter L. Cornick que dichas confesiones eran genuinas y permitían por lo tanto implicar a Pinochet en el atentado.
En realidad las discutibles "confesiones" de Townley y Fernández Larios (ambos protegidos huéspedes del FBI y de la CÍA en Estados Unidos) habían sido "negociadas" y los dos sustancialmente habían confesado lo que los interrogadores querían que confesaran. A este propósito y en estos términos se expresó el senador estadounidense Jesse Helms: "Las declaraciones de Townley a la justicia de Estados Unidos fueron realizadas en su tiempo tras una transacción negociada. Esto la ley chilena lo considera ilegal. Son pocas las naciones civilizadas que permiten acuerdos negociados a cambio de testimonios, porque los testimonios no dirían la verdad, ya que serían manipulados para que respondan según los acuerdos alcanzados y al interés personal del testimonio. El uso frecuente que la magistratura de Estados Unidos hace de los testimonios negociados es una vergüenza para la justicia de nuestro país y constituye uno de los lados más obscuros de nuestro sistema judicial.
La intervención de Scherrer es interesante, porque demuestra cómo, mucho antes de las iniciativas del juez español Baltasar Garzón, de quien se hablará en los capítulos XI y XII de este libro, algunos ámbitos internacionales ya tenían el deseo de procesar a Pinochet en el extranjero.
Pero volvamos al hecho horrible. El asesinato de Letelier (arrestado poco después del golpe, había sido puesto en libertad por Pinochet por intercesión de Henry Kissinger) sucedió el 21 de septiembre de 1976, o sea, tres años después del golpe militar, con una bomba colocada en su auto estacionado y se cree que accionada con un radiocomando desde otro vehículo. El atentado fue en Washington, donde el mismo Letelier vivía, gracias a financiamientos de la internacional marxista, por intermedio, según parece, de la hija de Salvador Allende que vivía en Cuba.
Junto a Letelier perdió la vida la hermosa Ronnie Susan Karpen Moffit y quedó herido su marido, Michael Moffit, que estaba en el asiento posterior del auto. Los Moffit, marido y mujer, no escondían su tendencia marxista y trabajaban de hecho en el millonario Institute for Policy Studies de Washington, conocido por sus conexiones con la izquierda internacional y con el filosoviético Transnacional Institute.
El momento era muy especial. Justamente en aquellos días el ministro chileno Jorge Cauas llegaba a Washington para iniciar la renegociación de los préstamos y la ayuda económica a su país, que apenas había salido del desastre de Allende; y justo en esos días las Naciones Unidas en Nueva York se preparaban para discutir la situación de los derechos humanos en Chile. Pocos días después, en Manila, se realizaría una reunión del Fondo Monetario Internacional que podía considerar la entrega de nuevos préstamos para el saneamiento económico chileno. Hay que agregar a esto que, dos semanas antes, el diputado " progresista" norteamericano Donald Frazer, de la subcomisión para los Asuntos Internacionales, había propuesto el embargo militar a los regímenes derechistas de Argentina y Uruguay, un embargo que la izquierda estadounidense pedía fuera extendido a Chile.
En tales circunstancias, era más que lógico que la izquierda chilena y mundial, bajo la dirección de la KGB soviética, hiciera todo lo posible para desacreditar al régimen de Pinochet.
Partiendo de estas premisas no es difícil deducir quién pudiera desear la muerte de Letelier. Pinochet no, seguramente, ya que en un momento como ese tenía todo el interés en no exponerse a críticas y a ulteriores acusaciones de represión a los opositores. Al contrario, la eliminación de un hombre que (como veremos) sabía demasiado sobre las relaciones entre la KGB, Cuba y Allende, era ventajoso para la izquierda. "Letelier en este punto le era más útil al Kremlin muerto que vivo", destacaba la revista norteamericana Defense & Foreign Affairs, reproduciendo palabras exactas de una fuente reservada soviética. Y proseguía: "Fuentes soviéticas atendibles indican que Orlando Letelier no fue asesinado por los servicios secretos chilenos sino en el ámbito de una maniobra destinada a desacreditar a Chile, en el momento en el cual se estaba levantando de la crisis económica causada por Allende, y en que era acogido favorablemente por la comunidad internacional".
Veamos lo que declaró Rafael Otero, funcionario de la embajada chilena en Washington, inmediatamente después del atentado "Orlando Letelier estaría aún vivo si los soviéticos y cubanos no hubieran querido realizar un acto de terrorismo fácilmente imputable a la Junta Militar chilena".
Igualmente claro es el escritor Miguel de Nantes: "¿A quién favorecía el crimen planeado en Cuba y realizado en Washington contra el diplomático Letelier? [...] ¿A quién favorecía el crimen del general Prats y el atentado contra don Bernardo Leighton? [... ] Es evidente, con la más elemental lógica, que estos crímenes favorecían al marxismo (izquierdismo) y a los enemigos del gobierno chileno. Y de hecho la explotación sistemática que de estos crímenes se hizo, lo demuestra hasta la saciedad".
La prensa estadounidense, en los días inmediatamente siguientes al atentado, excluía o ponía en duda la responsabilidad de la Junta Militar chilena: "Según la CÍA", escribía el Newsweek, con la rúbrica Períscope, "en la muerte de Letelier no existe implicación alguna de los servicios secretos chilenos". Y en un editorial del New York Times se leía: "Es difícil decir si el delito fue realizado por el Gobierno chileno o por extremistas de izquierda, quienes habrían hecho de todo para desacreditar al Gobierno de Pinochet".
El Transnational Institute, organismo filosoviético y filocubano, se dedicaba, en cambio, a demostrar que la muerte de Letelier podía favorecer al Gobierno chileno. "Pinochet", afirmaba, "hacía frecuentes referencias a los intentos de Letelier para aislar y denigrar a la Junta Militar chilena: por ejemplo, bloqueó una inversión holandesa en Chile por 63 millones de dólares, con sus declaraciones en las Naciones Unidas, y sus contactos con personalidades como William Rogers y miembros del Congreso estadounidense: Kennedy, McGovern, Abourezk, Humphrey, Frazer, Miller, Moffett y Harkin, y debido a su influencia en algunos bancos internacionales".
Mirando bien, Pinochet tenía todos los motivos para detestar a Letelier y al Transnational Institute, pero no al punto de ordenar un homicidio en territorio estadounidense, en el centro de un barrio diplomático de Washington, con el riesgo de una campaña de aislamiento político, en un momento en el cual Chile necesitaba la solidaridad mundial. De hecho Pinochet, para castigar a Letelier por su actividad en el extranjero, se había limitado (con una decisión, en junio de 1976, oficializada el 10 de septiembre del mismo año) a privarlo de la ciudadanía chilena.
Y cualquier sospecha sobre Pinochet se derrumba frente a un hecho indiscutible: el mismo Pinochet no dudó un instante, en abril de 1978, en entregar a Michael Townley a la justicia de Washington.
Si hubiera tenido algo que esconder, Pinochet habría retenido bajo su control a un hombre como Townley, que sabía mucho de lo sucedido tras bambalinas a propósito de la muerte de Letelier.13
Más bien la CÍA, el FBI y la diplomacia estadounidense tenían algo que esconder. Lo dio a entender claramente, durante el programa Medianoche de la televisión chilena, en mayo de 2000, la jueza argentina María Servini de Cubría, admitiendo haber sido obligada a "mantener el secreto" sobre algunas declaraciones que Michael Townley le hizo en el curso de un misterioso encuentro en Estados Unidos. "Para poder hablar con Townley", dijo la señora Servini, "tuve que firmar con el Ministerio de Justicia de Estados Unidos un compromiso de mantener el secreto. Esperé cinco años para obtener una declaración de Townley y la condición indispensable para tenerla fue mi empeño en no revelar el contenido".
A propósito de Townley, éste estaba implicado no solamente en la muerte de Letelier sino también (como se verá en las páginas siguientes) en la de Carlos Prats. Y respecto a su "confesión negociada", el noticiero del Transnational Institute y del Instituto for Policy Studies, refería: "Apenas llegó a Estados Unidos (extraditado de Chile), Townley concordó en que se había declarado culpable de conspiración para asesinar a Letelier y de hecho pasó los días siguientes contando a los agentes del FBI
A la edad de 15 años, Michael Townley, americano nacido en Iowa, fue trasladado a Chile para trabajar como aprendiz mecánico. Su padre, Jay Vernon Townley, era al mismo tiempo dirigente de la Ford y agente de la CÍA. Fue el padre, en efecto, el que favoreció el ingreso de Michael Townley a la CÍA, que lo sometió a adiestramiento paramilitar con especialización en electrónica y explosivos. En sus intrigas, Townley se volvió "informante" de la DINA chilena; sin embargo, no llega a participar como agente operativo. Fue un extravagante, que sus amigos definieron como un hippie y un pacifista, además de ser una fornida víctima de una voluntariosa mujer, trece años mayor que él.
Y prosigue: "Los abogados estadounidenses de Townley, Seymour Glanzer y Barry W. Levine, acordaron un compromiso en base al cual Townley admitía su participación en una conspiración para asesinar a Letelier y entregaría informaciones útiles para las investigaciones. Resulta, además, que Townley poseía información sobre la actividad terrorista en otras naciones, pero sobre las cuales las autoridades norteamericanas le pidieron que no hablara".
Desde entonces, claramente según los acuerdos negociados con las autoridades investigadoras estadounidenses, Townley vive bajo falsa identidad (mantenido por la CÍA o el FBI) en alguna localidad secreta de Estados Unidos. En su entorno fue tejida por la CÍA y el FBI la llamada "red de protección a testigos".
¿Qué secretos incómodos se esconden en Estados Unidos detrás de la muerte de Letelier, y cuáles fueron los términos de la negociación entre Townley y las autoridades estadounidenses?
Parece raro, pero justamente Townley fue el único testigo que le permitió al procurador de distrito estadounidense Eugene Propper (exponente del radicalismo chic de Washington y con ambiciones literarias) el atribuir a los servicios secretos de Pinochet la responsabilidad del atentado.
No sorprende que las conclusiones de Propper después de largas "negociaciones" con Townley hayan sido resumidas en pocas palabras: "Es difícil imaginar que Manuel Contreras, jefe de la DINA, haya ordenado asesinar a Letelier sin la autorización de Pinochet". En pocas palabras, dos conclusiones personales de Propper: que el asesinato de Letelier había sido ordenado por Contreras y que "es difícil de imaginar" que Contreras hubiera actuado sin la autorización de Pinochet.
En estos términos se expresó la agencia periodística Gratis web: "La DINA chilena no participó de ningún modo en el atentado organizado de tal manera que la DINA apareciera como responsable. Que se trataba de un montaje lo demuestra el hecho de que, el mismo día del atentado, miles de volantes contra el gobierno chileno que lo señalaba como asesino, todos impresos anteriormente, fueron distribuidos en diversas ciudades de Estados Unidos".
Lo que se define como la "confesión de Townley", además de ser el fruto de una negociación, sería por lo tanto una fábula. Y de hecho, si bien atrapado por el FBI, después de doscientas horas de interrogatorio, Townley hizo en realidad una extraña confesión que era una mezcla de inexactitudes y contradicciones.
Para empezar, afirmó que había preparado y actuado en el atentado colocando la bomba en el asiento anterior izquierdo del automóvil Chevrolet azul de Letelier. Luego precisó que fue avisado telefónicamente por dos agentes castristas, sus cómplices, Virgilio Paz y José Dionisio Suárez (que lo chantajeaban y hacían el doble juego entre los servicios secretos cubanos y la CÍA), que la bomba había resultado defectuosa y que los dos habían tenido que repararla y colocarla nuevamente. "Teníamos que evitar", dijo Townley, "que la bomba explotara inadvertidamente si el auto pasaba cerca de una emisora de impulsos de radio y que esto sucediera antes del 21 de septiembre".
¿Pero por qué aquella preocupación? Si la finalidad era la de asesinar a Letelier, ¿qué importancia podía tener que esto sucediera en un lugar o en otro o algún día antes o después? Las respuestas son fáciles: el día debía ser el anterior al ya mencionado debate en la ONU y al de los encuentros de los representantes chilenos con las autoridades de los bancos internacionales. En cuanto al lugar, debía ser uno cercano a la embajada chilena, para sostener que la bomba había sido colocada por agentes chilenos, quienes habrían tenido su base de operación en la embajada y que habían actuado al final de un "dramático'7 encuentro entre Letelier y el embajador, en las oficinas de la embajada.
El mismo día del atentado y pocas horas después del hecho, algunos periodistas le pidieron al embajador chileno, Manuel Trueco, que revelara algún detalle sobre el hipotético (y de hecho nunca verificado) coloquio con Letelier. Y por la mañana del día siguiente (exactamente a las 10:30) la policía le hizo las mismas preguntas a la esposa del embajador, quien al responder intentó que le informaran de dónde venía la noticia de ese encuentro que nunca se realizó: obtuvo como respuesta solamente que eran "informaciones reservadas".20
La existencia de una intriga internacional fue confirmada por las numerosas declaraciones que, desde 1978 en adelante, el general Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, rindió a los investigadores chilenos (como el juez Joaquín Billard), argentinos (la jueza María Servini de Cubría) y a los estadounidenses: "El atentado lo quiso y lo realizó la CÍA", afirmó Contreras con insistencia. Y para confirmar sus palabras puso a disposición 500 páginas de documentos que demostraban cómo el atentado fue planeado durante una reunión que se llevó a cabo (con la participación de Townley) en Bonao, en la República Dominicana, en mayo de 1976, o sea, cuatro meses antes del asesinato de Letelier.21
Diez años después, en coincidencia con la visita del Papa a Chile en 1987, a la "confesión negociada" de Townley (1978) se agregó la "confesión negociada" del capitán chileno Armando Fernández Larios, de quien se habló a comienzos de este capítulo. Las admisiones de Fernández Larios a las autoridades estadounidenses diferían poco de las de Townley; más aún, de algún modo las confirmaban.
Según Fernández Larios, el atentado había sido organizado de modo impreciso... ¡pero para que fracasara! De todos modos había sido realizado por los ya citados agentes cubanos Virgilio Paz y José Dionisio Suárez, quienes inmediatamente después del hecho habían desaparecido. Suárez había sido a continuación arrestado por el FBI y él también había convenido una "confesión negociada" a cambio de garantías sobre su sustentamiento y el de su esposa e hijo. Arrestados y condenados fueron, en cambio, dos cubanos anticastritas de Miami: Guillermo Novo e Ignacio Novo. Townley voluntariamente los había metido en el lío haciéndose ayudar por ellos en la fabricación de la bomba y divulgando después una fotografía donde estaban en compañía de representantes del gobierno chileno. Inútil decirlo, que justamente en los hermanos Novo, reconocidos anticomunistas, se concentró la atención de cuantos tenían interés en alejar las sospechas de la KGB y de la DGI cubana.
¿Quién era Armando Fernández Larios? Su imagen conduce de alguna manera a la de Townley. Un medio desequilibrado Townley, un medio desequilibrado Fernández Larios que abandonó la carrera militar tras veinte años de servicio. Lo hizo, dijo, "para lavar el propio honor y la propia conciencia", al sentirse responsable de la muerte de Letelier. Nadie le preguntó nunca cómo, después de años de silencio pero en cronométrica coincidencia con la visita papal a Santiago, aquella "confesión negociada" podría liberarlo de un "peso enorme" del cual solamente entonces se daba cuenta. Un "peso enorme" del cual, mientras tanto, no habían visto traza quienes hasta ese momento habían encontrado a Fernández Larios, asiduo frecuentador de elegantes locales, en compañía de atractivas y jóvenes mujeres.
Otras analogías entre Townley y Fernández Larios se encuentran en las circunstancias de las dos "confesiones negociadas". Townley confesó después de doscientas horas de presión por parte del FBI y Fernández Larios confesó cuando prácticamente estaba secuestrado por el FBI, al punto que podía comunicarse solamente con su abogado, Alex Kleiboemer. Para concluir, tanto Townley como Fernández Larios, a cambio de sus "confesiones negociadas", fueron puestos nuevamente en libertad, con una nueva identidad y con la garantía de una red de protección que la ley estadounidense ofrece a los "arrepentidos".
Como una puesta en escena fue probablemente toda la investigación. La verdad sobre la muerte de Letelier parece ser inaccesible. No puede haber, sobre un episodio cubierto por las intrigas cruzadas de varios servicios secretos, certezas absolutas.
Existen solamente los resultados de algunas investigaciones privadas realizadas por periodistas o por sectores políticos movidos por intereses que se contradicen.
Nostálgico de Allende, al que le debía su propia carrera política, Letelier se había situado en los círculos de Washington relacionados con Moscú y La Habana. En la capital estadounidense Letelier pasó a dirigir el Institute for Policy Studies, organización fundada en 1963 por Marcus Raskin, afiliada al grupo europeo Transnational Institute con sede en Amsterdam, la que tenía finalidades políticas y difundía propaganda a favor del desarme unilateral de Estados Unidos, de la disolución de la OTAN, el abandono de Berlín Oeste por parte de las potencias occidentales y la creación de una zona "neutralizada" en Europa Central, a dos pasos de las bases misilísticas soviéticas existentes en Bielorrusia y en los Urales.
Así, en 1999, la agencia de prensa Concerned Methodists, organización religiosa protestante, comentaba sobre el Institute for Policy Studies: "Su misión es la de desacreditar a Estados Unidos de todos los modos posibles, de hacer propaganda del desarme unilateral de Occidente, de unirse a la causa soviética y de ofrecer soporte al terrorismo. Era una organización multimillonaria, en fin, cuya actividad puede definirse, resumiendo, como de subversión e infiltración secreta".
Más aún: "Letelier era miembro de este instituto y, como se vio después de su muerte, era un agente castrista. De los documentos encontrados en su maletín, según las revelaciones realizadas por el periodista Jack Anderson, resultó que Letelier recibía de Cuba, por sus servicios, mil dólares al mes. Se agrega que su mujer, Isabel, también del Institute for Policy Studies, colaboraba con Farid Handal cuando éste, en 1980, dio origen al CISPES".
Y para concluir: "¿No es cierto acaso que, después de la muerte de Letelier, su sustituto fue Tariq Alí, importante exponente de la Cuarta Internacional trotzkista, desde hacía tiempo en contacto con organizaciones terroristas internacionales? Basta recordar que Tariq Alí tenía la entrada prohibida en Estados Unidos, Francia, Japón, India, Turquía, Tailandia, Hong Kong y Boliviana
Una de las tareas de Letelier, parece, era la gestión de los movimientos financieros entre algunas cuentas secretas de grupos de exiliados chilenos en bancos estadounidenses. Se trataba probablemente de financiamientos de la KGB concedidos a la oposición chilena; si fuera verdad que las instrucciones para el uso de dichos fondos eran puntualmente enviadas por un agente soviético, el chileno Clodomiro Almeyda, que operaba en Alemania del Este y quizás por la hija de Salvador Allende, Beatriz Allende Bussi, llamada Tati, que después del matrimonio con el agente secreto cubano Luis Fernández de Oña se había establecido en 1977 en La Habana.
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Mientras tanto la vida sentimental de Orlando Letelier parece que no era la más apta para un agente secreto. Los detalles no son claros, pero alguna fuente indica que si bien estaba casado con Isabel Morel, habría perdido la cabeza por una misteriosa Caridad, una mujer fascinante y multimillonaria que vivía en Caracas. Es probable que el matrimonio de Letelier tuviera problemas, si fuera verdad que Letelier había abandonado a su mujer para trasladarse, como huésped, a la casa de un funcionario del Institute for Policy Studies. Por esto la DGI (servicio secreto cubano) comenzó a temer que la esposa traicionada revelara, para vengarse, los secretos que ella conocía.
Se trata, y lo repetimos, de noticias que se filtraron, pero que no fueron confirmadas. Si fueran verdaderas, el peligro para la DGI cubana y la KGB soviética era inmediato: un agente con conocimiento sobre secretos importantísimos (y veremos cuáles eran) estaba a punto de liberarse de la dependencia financiera de Cuba y pasar a ser autónomo, gracias a una mujer muy rica. Y además existía una esposa abandonada que podía vengarse de todo revelando importantes secretos. Más aún cuando, según afirma el periodista australiano Gerard Jackson, la esposa de Letelier era una sobrina de Salvador Allende.
Así fue como un operador de la organización secreta castrista denominada Halcones Dorados, un cierto Rolando Otero Hernández, fue infiltrado en el Movimiento Nacionalista Cubano, con sede en Miami, que tenía finalidades anticastristas. Se trataba, así parece, de un aventurero que había recibido adiestramiento de la CÍA y que había tomado parte del fracasado desembarco en Cuba, durante el cual había sido capturado por las tropas cubanas. Había sido restituido a Estados Unidos algunos años más tarde, pero durante dicho período, en la isla, se había convertido a la causa comunista, volviéndose un agente bien pagado de Fidel Castro.
Y justamente, según dice la agencia periodística Gratisweb, a Rolando Otero Hernández le habrían encargado el primer intento de desacreditar a Chile a través de un atentado de gran resonancia. Después de un período de ulterior adiestramiento en Venezuela, Otero viajó a Chile, en donde en 1976 logró (alegando su participación en el desembarco estadounidense en Cuba) infiltrarse en la DINA y obtener la ciudadanía chilena. Según el encargo recibido, Otero debía asesinar a Henry Kissinger mientras participaba en Costa Rica en la asamblea de la Organización de los Estados Americanos. El asesinato del responsable de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos por parte de un hombre con pasaporte chileno y de documentos que lo calificaban como agente de la DINA, habría sido una maniobra infalible para excluir al Chile conducido por la Junta Militar, del conjunto de las naciones civilizadas. Para no hablar de las inevitables represalias que Estados Unidos habría tomado contra Pinochet. Descubierto apenas a tiempo por agentes del FBI, Otero habría recibido medio millón de dólares y la garantía de impunidad, a cambio de la colaboración para otras misiones con la CÍA y con agentes de doble juego como Virgilio Paz y Michael Townley, quedando entonces siempre ligado Los Halcones Dorados.
Esto sucedía en primavera. No pasaron ni cuatro meses cuando Orlando Letelier del Solar saltaba con su Chevrolet por el aire, con las dos piernas pulverizadas.
La verdad sobre la muerte de Letelier hubiera sido fácilmente esclarecida si la magistratura estadounidense y la CÍA (que, como fue revelado por Stephen Lynton y Timoty Robinson, del Washington Post, sustituyó al FBI en la gestión del caso) hubieran publicado el contenido del maletín que la víctima llevaba siempre consigo y que en el atentado quedó intacto. Pero no lo hicieron por confirmados y no precisados "motivos de seguridad de Estado". Sólo basados en noticias incompletas, alguien acusó a Pinochet de haber ordenado la muerte de Letelier.
Una atendible (pero después desmentida, como veremos) versión de los hechos salió a la luz gracias al investigador Stanley Wilson, quien logró, en las oficinas de la CÍA, apoderarse de fotocopias de los documentos provenientes del maletín de Letelier. Después de leer estos documentos, que el periodista definió como "increíblemente explosivos", Wilson los mostró al diplomático chileno Rafael Otero y ambos llegaron a la conclusión de que la muerte de Letelier, agente comunista, debía atribuirse a la KGB soviética y a la DGI cubana, con el tácito consenso de la CÍA y del FBI; nada, pues, de dichos documentos, probaba que la Junta Militar chilena y la DINA estuvieran implicadas en el atentado.
Eran documentos que ponían en el tapete no sólo a los servicios secretos de Fidel Castro, sino también a algunos sectores del Partido Demócrata estadounidense, al punto de que Wilson comentó: "Si se conocieran los contenidos de dichos papeles, ciertos personajes de la izquierda del Congreso en Washington se quedarían anonadados".
Que Letelier estuviera en posesión de documentos comprometedores está quizás probado por la visita, en la noche del 21 de septiembre de 1976, o sea, pocas horas después del atentado, de los izquierdistas chilenos Waldo Fortín y Juan Gabriel Valdés Soublette (futuro canciller chileno de la Concertación), acompañados por Saúl Landau, a las oficinas del Institute for Policy Studies y en particular a la oficina de Letelier. ¿Quién les había dado la llave del cuarto? ¿Quizás la secretaria Liliana Monteemos? ¿Qué documentos buscaban? ¿Quizás los que podían revelar los planes secretos de Moscú y La Habana?
Según Stanley Wilson, el maletín de Letelier contenía documentos que incluso el entonces director de la CÍA (y después presidente de Estados Unidos), George H. Bush, no dudó en definir como "explosivos", porque habrían podido demostrar la dependencia política y financiera que Letelier tenía del Institute for Policy Studies, del Transnational Institute, de la sección internacional del comité central de Partido Comunista soviético y del Partido Comunista cubano. Eran documentos, agregó Bush en su relación al FBI, que demostraban que el Gobierno chileno no estaba implicado en la muerte de Letelier. Y eran documentos que revelaban las fuentes de financiamiento de las campañas de propaganda contra la derecha latinoamericana de aquellos años (argentina, chilena, uruguaya) y que hablaban, cosa embarazosa para el Partido Demócrata estadounidense, sobre posibles financiamientos recibidos por un diputado de Massachussets, que pertenecía al clan Kennedy, a cambio de una campaña de prensa contra Pinochet.
Entre los documentos que estaban en el maletín de Letelier había un abundante carteo de Letelier con Beatriz Allende Bussi, que desde Cuba pedía rendición de cuentas del dinero generosamente enviado, destinado a personajes políticos de Estados Unidos que eran adversarios de Pinochet y pedía, también, noticias actualizadas sobre los contactos que el Institute for Policy Studies tenía para estrechar relaciones con elementos del fundamentalismo islámico. Beatriz Allende Bussi pedía, además, noticias sobre treinta individuos que Letelier tenía que enrolar para que operaran en territorio de Estados Unidos, en particular en Washington, en New York y en la isla de Puerto Rico.
Las preguntas de Beatriz no tuvieron nunca respuesta. Letelier murió antes de poder contestar y ella misma murió antes de poder profundizar qué ocurría en las oficinas de Washington, que ella contribuía a financiar con dinero proveniente, con toda probabilidad, de las organizaciones "antifascistas" de medio mundo.
Fue una extraña muerte la de Beatriz Allende Bussi, hija del ex Presidente chileno. Oficialmente, según la versión dada por la policía cubana y aceptada por la prensa occidental, se suicidó. Un suicidio discutible, ya que no se conoció el motivo y además que la versión del "salto por la ventana" contrastaba con la de un disparo que le habría destrozado el corazón después de entrarle por la espalda. Aún más raro era el suicidio, ya que (según escribió Stanley Wilson) sucedió poco después de su relación con el caso Letelier y diez días después de que Beatriz había intentado, en La Habana, retirar de su cuenta en el banco fondos destinados a la propaganda antiPinochet por aproximadamente diez millones de dólares.
El banco había rechazado la entrega de dicha suma, diciéndole que un retiro de semejante cantidad debía ser autorizado "por el compañero Fidel en persona". Pasaron pocos días en los que no se supo lo que había sucedido y Beatriz recibió, en vez de dinero, un pasaporte para el más allá.
Una versión muy distinta de los hechos salió a la luz en el 2001, en la publicación de las memorias de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la policía secreta de la Junta Militar chilena. Desilusionada de su matrimonio (seguido de divorcio) y del apoyo que Fidel Castro daba a los terroristas chilenos, Beatriz Allende había tomado contacto con la embajada de Perú para que, a través de los servicios secretos chilenos, ella pudiera volver pacíficamente a Chile. La respuesta fue positiva y el agregado militar peruano había concordado un plan de acción con las oficinas que, en Santiago, dependían de Manuel Contreras.
Beatriz obtuvo un pasaporte peruano y con algunas cartas comprometedoras respecto al caso Letelier se dirigió en auto hacia el aeropuerto de La Habana. El auto era seguido de cerca por otro vehículo, en donde viajaban funcionarios de la embajada peruana. En el intertanto, el plan había sido descubierto por la policía secreta de Castro y a poca distancia del aeropuerto el vehículo del agregado militar peruano fue embestido por un enorme camión que salió de una calle lateral. Murieron el agregado militar y Beatriz, pero el comunicado de duelo del gobierno cubano habló solamente del diplomático militar. Era el 11 de octubre de 1977, el cuerpo de Beatriz fue llevado al último piso de un edificio y, siempre según refiere Manuel Contreras, lanzado hacia la calle para simular un suicidio. De los documentos del caso Letelier que Beatriz tenía consigo nadie habló.
Pasaron los años y en 1996 Fidel Castro, por invitación del Presidente Eduardo Frei, estuvo en Chile y entre otras cosas visitó la tumba de Salvador Allende. La viuda de Allende no estaba presente porque no quería encontrarse con Castro. Estaba la hermana de Beatriz, Isabel, a quien Castro le preguntó de quién era la tumba cercana a la de Salvador Allende. "Es mi hermana Beatriz que Ud. bien conoce", le respondió Isabel. Y Fidel Castro, sin decir palabra, dejó el cementerio.
Volviendo al maletín de Letelier, el documento que llevó a George H. Bush a afirmar que si aquellos papeles fueran divulgados "habrían puesto en grave peligro la seguridad de Estados Unidos", era (según Wilson) un documento relativo a la fabricación de pequeñas bombas nucleares por parte de Libia, que debía ser entregado a grupos terroristas operantes en América. El plan había nacido de un descubrimiento científico más o menos atendible, realizado por un docente de la universidad estadounidense de Princeton, que permitía la fabricación de bombas empleando una cantidad mínima de plutonio y con una fórmula fácilmente accesible a cualquiera.
Dicho fascículo, que además de la correspondencia entre Letelier y el servicio secreto soviético y cubano contenía 34 páginas de datos técnicos, demostraba el calibre de los papeles de Letelier, parcialmente fotocopiados por Stanley Wilson.
Un aspecto increíble del asunto fue que Wilson le ofreció copias de dicho documento al New York Times y al Washington Post, pero ninguno de dichos diarios, no se sabe por cuál motivo, quiso o pudo publicar. Fueron usados solamente en parte por el periodista Jack Anderson, quien el 19 de diciembre de 1976 se refirió a una carta de Letelier a Beatriz Allende relativa a un encuentro con un cierto Emilio Brito, funcionario del Partido Comunista cubano, encargado de dirigir a los terroristas operantes en Estados Unidos y Puerto Rico, bajo la fachada de organizaciones raciales.
Pocos meses después, otro pedazo de verdad le fue concedido al público estadounidense por los periodistas Rowland Evans y Robert Novak, del Washington Post, quienes en febrero de 1977 acusaron al diputado Michael Harrington de haber tenido relaciones poco claras con Letelier. El mismo periódico, entre tanto, fue obligado, pocos días después y sin dar explicaciones, a desmentir la noticia. Los dos periodistas no se dieron por vencidos y redactaron una réplica conteniendo mayores detalles: esta vez sus artículos fueron rechazados por el Washington Post sin demasiada cortesía, al punto de provocar una intervención de la Accuracy in Media, organismo destinado a proteger al público de la desinformación.
El periodista William F. Jasper, en su libro Patriot Enchaineá, refiere lo que pudo saber sobre el contenido del maletín de Letelier. Contenía, afirma, detalles sobre los movimientos de los fondos provenientes de los servicios secretos soviéticos y cubanos y sobre contactos frecuentes entre Letelier y personajes como Edward Kennedy, George McGovern, Hubert Humphrey, James Abourezk, John Conyers, Ron Dellums, Bella Abzug, George Miller, Toby Moffett, William D. Rogers (entonces el número dos de la Secretaría de Estado) y Sol Linowitz, que estaba a cargo de una comisión de asuntos exteriores patrocinada por la Fundación Ford.
El caso Letelier fue siempre cubierto de un silencio cómplice que, aunque parezca extraño, encontró aliados en la KGB soviética y en la CÍA. Innumerables son los documentos que no se logran encontrar y los testimonios obligados a callar que hicieron "declaraciones negociadas", como numerosas son las versiones contradictorias de los hechos. No hay que asombrarse si ni siquiera en los años venideros fuera posible esclarecer completamente las causas y modalidades de dicho asesinato. Una cosa que parece razonablemente creíble es que, como está explicado en las páginas precedentes, Pinochet no tenía ningún interés en que mataran a Letelier "como castigo". Más bien eran la DGI, la KGB, la CÍA y el FBI a quienes les interesaba esa muerte, por motivos diversos y para desacreditar a la Junta Militar chilena no solamente blanco del comunismo internacional sino también del ala liberal de la CÍA, deseosa de vengarse de la contribución que el ala conservadora (ligada a Wall Street) había dado a la caída de Allende.
A todo esto se agregaban las preocupaciones por las "desbandadas" de Letelier, que hacía un doble juego, y las múltiples intrigas que a esta altura se entrecruzaban alrededor del comprometedor personaje.
Para agregar algunas incertidumbres a las ya existentes, en mayo del 2000 apareció una enésima versión de los hechos. Según lo que refirió el varias veces citado investigador Stanley Wilson, después de un encuentro con José Dionisio Suárez, la bomba habría explotado accidentalmente. "La bomba estaba abajo del vehículo", reveló Suárez a Wilson, "y tenía una pequeña pila eléctrica y un cable de conexión que había sido desconectado. Ese día llovía mucho y fue el agua la que creó una conexión accidental del cable desconectado".
¿Cuál de las tantas versiones del caso Letelier (y de los asuntos privados que lo circundaban) es la más creíble? Será el cortés lector quien debe llegar a la conclusión que más lo convenza. Ciertamente, no es fácil atribuir la responsabilidad del atentado, como querría la izquierda mundial, a Augusto Pinochet.
Sumergido por las dudas y las incertidumbres, el caso Letelier fue olvidado casi 20 años. Reapareció solamente en el 2000, a propósito de las iniciativas del juez español Baltasar Garzón y del arresto de Pinochet en Londres, hechos que se analizarán en el capítulo XI y XII. En marzo de 2000 el Departamento de Justicia estadounidense abrió las investigaciones del caso Letelier, pero quedó de inmediato claro que, a pesar del arresto e interrogatorio de seis personas, ningún elemento nuevo había surgido contra Pinochet.
Las investigaciones prosiguieron durante el 2000, en plena colaboración entre la magistratura chilena (Joaquín Billard), la argentina (María Servini de Cubría) y, con distancias, la estadounidense.
Emergió así el nombre de una cierta Luisa Mónica Lagos, ex agente de la DINA bajo el nombre de "Liliana Walker", que admitió haber formado parte, junto a Armando Fernando Laríos y Pedro Espinoza, de un grupo operativo que había viajado a Washington para tomar contacto con Michael Townley, quien estaba preparando el asesinato de Letelier, por encargo de la CÍA y de la DGI cubana.
Sobre la presencia de Luisa Mónica Lagos y otros agentes de la DINA en Washington, es necesario aclarar que ellos debían infiltrarse para saber lo que estaba sucediendo. De diversa opinión es la abogada Fabiola Letelier, hermana de la víctima y activa acusadora de Pinochet, según la cual tras bastidores actuaba la Junta Militar chilena que, además, le había encargado al general Eduardo Iturriaga Neumann asesinar a Bernardo Leighton en Roma.45
Según Fabiola Letelier, "nuevos elementos, nuevos documentos y el resultado del interrogatorio al coronel Pedro Espinoza", demuestran la responsabilidad de Pinochet.46 Igualmente explícita es Isabel Allende, quien, entrevistada en Madrid en junio de 2000, dijo que estaba segura de la responsabilidad "moral de Pinochet, "igual que los autores materiales del atentado que ya han sido arrestados".
Mientras tanto, a pesar de las acusaciones que desde distintas partes le llovían a Pinochet, la justicia de Estados Unidos nunca consideró tener pruebas suficientes para poderlo incriminar formalmente. Para Estados Unidos, como refiere El Mercurio, "Pinochet no puede ser considerado el que ordenó el homicidio". »
¿Cuál es la verdad? La verdad sobre el caso Letelier, como muchas otras verdades, está sepultada en los archivos secretos de Estados Unidos y de Cuba.
